La Corporación insular advierte del impacto ambiental, paisajístico y socioeconómico de los parques eólicos marinos previstos
El Cabildo de Fuerteventura ha presentado alegaciones en el marco de la consulta pública previa abierta por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) sobre el borrador de la orden ministerial que regulará el primer concurso competitivo de eólica marina en España.
La Corporación insular solicita expresamente la exclusión de las zonas ER FV1 y ER FV2, incluidas en los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM), al considerar que su incorporación al primer procedimiento de concurrencia competitiva no es compatible con el modelo territorial, ambiental, social y energético de Fuerteventura, además de carecer de una justificación técnica y jurídica suficiente.
La presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, ha subrayado que “Fuerteventura está plenamente comprometida con la transición energética, pero no a cualquier precio ni de cualquier manera”. En este sentido, señaló que “la planificación energética debe adaptarse a la realidad de cada territorio y, en el caso de una isla frágil y con un alto valor ambiental y paisajístico como Fuerteventura, es imprescindible aplicar el principio de precaución”. La presidenta añadió que “no se puede plantear la implantación de grandes infraestructuras en el litoral sin una justificación clara, sin consenso social y sin evaluar adecuadamente sus impactos acumulativos sobre el territorio, el paisaje y la economía local”.
Por su parte, la consejera de Ordenación del Territorio, Nereida Calero, explicó que “la delimitación de estas zonas de eólica marina tiene un carácter claramente preliminar, basada en estudios iniciales y sin una participación real y efectiva de los sectores afectados, especialmente del sector pesquero”. Según indicó, “no se puede ordenar el espacio marino de espaldas a quienes dependen de él y sin una planificación integrada con el territorio insular”.
Desde el Cabildo se considera además inasumible la proximidad mínima de una milla náutica a la costa, dada la elevada sensibilidad paisajística y ambiental de la isla, reconocida tanto en los instrumentos de ordenación territorial como en el propio Estudio Ambiental Estratégico. La implantación de parques eólicos marinos en estas condiciones tendría impactos negativos sobre la biodiversidad marina y avifaunística, el paisaje costero y las actividades socioeconómicas tradicionales vinculadas al mar.
El Cabildo también cuestiona la necesidad de recurrir a la eólica marina para garantizar la transición energética de Fuerteventura, recordando que existen alternativas técnica y ambientalmente más adecuadas para un sistema eléctrico insular aislado y de pequeña dimensión. Entre ellas, destacan el autoconsumo con almacenamiento, la flexibilidad de la demanda y la incorporación de tecnologías de control de red (grid-forming), que permitirían incrementar la penetración de energías renovables sin recurrir a infraestructuras de gran impacto.
Asimismo, la consejera de Ordenación señaló que “la eólica marina no ha sido objeto de una Evaluación Ambiental Estratégica específica, a pesar de tratarse de instalaciones con potenciales efectos significativos, acumulativos y sinérgicos sobre el medio marino, el paisaje y la economía local”, lo que, a su juicio, “supone una carencia grave en un proceso de esta magnitud”.
Finalmente, el Cabildo considera que no resulta adecuado delimitar zonas de eólica marina en función de la viabilidad de proyectos privados, ya que el espacio marino es un bien público que debe ordenarse conforme al interés general. En este sentido, subraya que, en el caso de que se impulsara cualquier proyecto de eólica marina, este debería contemplar como requisito indispensable la conformidad expresa de las administraciones locales afectadas, garantizando la coherencia con el planeamiento territorial, el interés general y la aceptación social.
Por todo ello, el Cabildo solicita al MITECO eliminar las localizaciones previstas frente a Fuerteventura del primer proceso de subasta, con el objetivo de asegurar una transición energética acorde con la realidad insular y basada en el principio de precaución ambiental.
La consulta pública permanecerá abierta hasta el 24 de febrero de 2026.
