Los daños ocasionados
en las instalaciones de El Cotillo y Morro Jable obligan a mantener fuera de
servicio los cargadores afectados y suponen un coste cercano a los 100.000
euros
El Cabildo de Fuerteventura, a través de la
Consejería de Industria y Actividades Clasificadas, denuncia los actos
vandálicos registrados en varios puntos de recarga para vehículos eléctricos de
la isla, unos hechos que han provocado importantes daños en estas
infraestructuras públicas y que afectan directamente al servicio que prestan a
la ciudadanía.
Uno de los incidentes se produjo en El
Cotillo, donde un punto de recarga rápida de 50 kilovatios quedó completamente
inutilizado tras ser objeto de un incendio provocado. A este caso se suma el
ocurrido recientemente en Morro Jable, donde otro cargador resultó gravemente
dañado tras el impacto de un vehículo.
Como consecuencia de estos actos, ambos
puntos de recarga permanecen fuera de servicio mientras se tramitan los
trabajos necesarios para su reparación o sustitución.
Además de las molestias que esta situación
genera a las personas usuarias de vehículos eléctricos, los daños ocasionados
suponen un importante perjuicio económico para las arcas públicas. El coste
estimado de reparación y reposición de las instalaciones afectadas ronda los
100.000 euros, una cantidad que deberá detraerse de otras partidas
presupuestarias para poder hacer frente a estas actuaciones.
La consejera de Industria y Actividades
Clasificadas, Lolina Negrín, lamenta que “estos actos perjudican a toda la
ciudadanía, ya que afectan a infraestructuras públicas destinadas a facilitar
la movilidad sostenible y mejorar los servicios disponibles en la isla”.
Asimismo, Negrín hace un llamamiento “a la
responsabilidad y al respeto por unos equipamientos que son de todos y cuya
conservación resulta fundamental para seguir avanzando en la implantación de
una red de recarga moderna y accesible en Fuerteventura”.
Desde
la Consejería de Industria y Actividades Clasificadas se recuerda la
importancia de cuidar y preservar los bienes y servicios públicos, cuya mejora
y mantenimiento requieren un importante esfuerzo económico por parte de las
administraciones públicas.
