Viernes, 2 de octubre de 2026.-
El Cabildo de Fuerteventura, a través de la Consejería de Contratación, y el Observatorio de Contratación Pública Responsable de Canarias, impulsado por Red Anagos, han iniciado una colaboración para promover la contratación pública reservada y estratégica. El objetivo es convertir la compra pública insular en una herramienta de cohesión social, empleo inclusivo y desarrollo local.
Según expone el Cabildo y el Observatorio, esta iniciativa parte de una realidad clara. La Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público obliga a las administraciones a reservar una parte de sus contratos a Centros Especiales de Empleo de iniciativa social y a Empresas de Inserción. Además, permite incorporar criterios sociales, ambientales y de innovación en el conjunto de sus licitaciones. Sin embargo, en Fuerteventura el tejido de empresas sociales es todavía muy reducido, lo que limita el alcance de estas herramientas. Por eso la colaboración combina el trabajo con la administración y el fortalecimiento del ecosistema de economía social en la isla.
La colaboración se desarrollará en tres líneas de trabajo: formación, asesoramiento personalizado y acompañamiento técnico. Esta misma semana ha comenzado una primera formación dirigida al personal técnico y responsable de la contratación del Cabildo, sobre el marco normativo, la reserva de contratos y la inclusión de cláusulas sociales en los pliegos. A lo largo de los siguientes meses, se podrá dar un asesoramiento personalizado a los servicios promotores de contratos, para identificar qué prestaciones pueden reservarse y cómo diseñar licitaciones accesibles para las entidades de economía social.
Para finalizar, se llevará a cabo un acompañamiento técnico para la elaboración y aprobación de un Acuerdo de Gobierno del Cabildo. Este acuerdo fijará porcentajes mínimos de reserva, criterios de contratación estratégica y mecanismos de seguimiento.
El consejero de Contratación, Luis González, pone en valor este tipo de iniciativas que generan empleo para las personas más vulnerables de la isla y promueven una contratación pública más justa socialmente.
Por su parte, Samuel García-Castro, coordinador del Observatorio, destaca que “la contratación reservada no es una opción, es una obligación legal y una oportunidad. Un Acuerdo de Gobierno bien diseñado permite pasar de la norma a la práctica y ofrecer seguridad a los equipos técnicos y a las entidades sociales”.
Ambas partes coinciden en que este trabajo puede convertir a Fuerteventura en un referente en Canarias en el uso de la compra pública como palanca de inclusión.
