El Cabildo pide que la ley de municipios turísticos reconozca la realidad insular y la presión creciente sobre los recursos
La consejera de Turismo, Marlene Figueroa, intervino en la comisión de cabildos insulares, mostrando la apuesta de la Corporación insular por un turismo de calidad y sostenible
La proposición de ley de municipios turísticos de Canarias debe reconocer la realidad insular, como territorio limitado y frágil, con presión creciente sobre los recursos. Así lo ha trasladado el Cabildo de Fuerteventura, a través de la intervención de su consejera de Turismo, Marlene Figueroa, en la Comisión General de cabildos insulares celebrada este martes, 7 de octubre.
La Corporación insular comparte la necesidad de esta proposición de ley, como medida que dé respuesta a la sobrecarga que sufren los servicios públicos (vivienda, movilidad, agua) y el territorio, aunque defiende que se tenga en cuenta en la totalidad del territorio, no sólo los denominados municipios turísticos.
Por este motivo, la Corporación insular se alinea con la Federación Canaria de Municipios (FECAM) y la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias, pidiendo que “los criterios principales a la hora de determinar la excelencia deben revisarse: La excelencia debe condicionarse según criterios de calidad y sostenibilidad, no puede ser únicamente el número de camas, debe considerarse también la presión sobre servicios, movilidad y el impacto real en la vida local”.
Desde el Cabildo de Fuerteventura se proponen como criterios: la rehabilitación frente a consumo de suelo. Se debe incentivar la rehabilitación y renovación de zonas turísticas consolidadas: “Canarias no puede seguir creciendo ilimitadamente, debemos rehabilitar lo existente, proteger nuestros espacios naturales y garantizar servicios de calidad tanto para residentes como para visitantes”. Además, premiar la diversificación de la oferta turística (cultural, deportiva, científica, gastronómica).
Asimismo, desde el Cabildo se propone limitar el crecimiento urbano turístico en la ley, establecer requisitos como estudios de capacidad de carga ambiental o favorecer el acceso regulado a espacios naturales. Se deben establecer, además, mecanismos estables de financiación autonómica y estatal, y destinar parte de los ingresos turísticos, obligatoriamente, a servicios locales.
Se defiende, asimismo, la participación de las entidades locales a través de una comisión insular de municipios turísticos coordinada por el Cabildo. “Esta ley debe garantizar un turismo que cuide a los residentes, el territorio y al propio destino”, concluyó Figueroa.
