La FECAI pide soluciones para que se garantice la calidad del servicio de control aéreo en los aeropuertos de La Palma, El Hierro, Fuerteventura y Lanzarote
La Federación Canaria de Islas se pronuncia, además, en defensa de la pesca artesanal que se ve afectada por la nueva normativa europea
La presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, ha asumido hoy, 22 de enero, la presidencia de la Federación Canaria de Islas (FECAI), en una sesión celebrada en el marco de FITUR 2026. Durante la toma de posesión, García hizo un llamamiento al trabajo conjunto entre los diferentes cabildos insulares en los asuntos que son prioritarios para la población del Archipiélago.
En este sentido, Lola García puso énfasis en el reto demográfico al que se enfrenta Canarias, y un desafío que cada vez determina más nuestra realidad como islas: el crecimiento poblacional. “Esta presión afecta directamente a la vivienda, el agua, la movilidad y los servicios públicos. Regular el crecimiento poblacional no es cerrar puertas, es planificar para poder garantizar servicios esenciales”. Del mismo modo, “proteger nuestro territorio, que es lo que nos hace únicos: proteger lo que somos”.
Control del tráfico del aéreo
Durante la sesión, la FECAI aprobó un pronunciamiento de los cabildos insulares sobre la gestión del servicio de control del tráfico aéreo en los aeropuertos canarios, concretamente en los aeropuertos de La Palma, El Hierro, Lanzarote y Fuerteventura, donde el servicio es gestionado por la entidad privada SAERCO.
La Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) ha hecho pública su solicitud para que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible suspenda de forma cautelar esta acreditación y encomiende, de forma transitoria, la gestión de las torres de control aeroportuario a la empresa pública ENAIRE. Esta sería una medida para garantizar la continuidad y seguridad del servicio, así como la protección de los derechos laborales, ya que la propia empresa ha reconocido en sede judicial que no puede asumir el servicio con todas las garantías. Unos efectos que ya se han podido comprobar en el Aeropuerto de El Hierro, que se vio obligado a reducir su horario de apertura al público, generando preocupación ante el personal afectado, el propio sindicato y las autoridades locales.
Por este motivo, los cabildos insulares, a través de la FECAI, exigen que la prestación del servicio de control del tráfico aéreo se desarrolle siempre dentro de los parámetros adecuados de seguridad, continuidad y fiabilidad que exige la normativa, solicitando la reversión a pública de la gestión de las torres de control.
Asimismo, las islas de El Hierro y La Gomera reclaman la sustitución inmediata del sistema AFIS, implementado por Aena en ambos aeropuertos insulares, por un servicio de controladores aéreos profesionales que garanticen la viabilidad del mismo. Esta medida permitiría contar con plena operatividad, reforzando la seguridad en las maniobras de despegue y aterrizaje y aumentando la calidad del servicio. Además, se reducirían el número de vuelos cancelados por condiciones meteorológicas, al permitir que los pilotos puedan ser guiados desde la torre de control lo que se traduce en mayor conectividad para ambas islas.
Defensa de la pesca artesanal
La Federación Canaria de Islas (FECAI) ha acordado, además, respaldar la posición del Gobierno de Canarias, así como de los cabildos insulares en defensa de la pesca artesanal frente a la aplicación rígida y desproporcionada del nuevo Reglamento de Control Pesquero de la Unión Europea. Una normativa que plantea serias dificultades para la flota artesanal canaria, al introducir obligaciones desproporcionadas, técnicamente inviables y alejadas de la realidad operativa del sector.
Entre las medidas más lesivas, destacan, entre otras, el preaviso obligatorio de llegada a puerto con un mínimo de cuatro horas para buques de 12 metros o más, incluso cuando faenan a escasos minutos de la costa, así como la obligación de declarar todas las capturas desde el “kilogramo cero” mediante el Diario Electrónico de A Bordo, sin que exista capacidad técnica real para realizar dicha actuación exacta en embarcaciones artesanales. Estas exigencias generan inseguridad jurídica, riesgo de sanciones desproporcionadas, una carga administrativa y tecnológica inasumible y posibles afecciones a la seguridad marítima.
Por este motivo, en apoyo a la pesca artesanal de Canarias, se insta al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a defender ante la Comisión Europea la aplicación de las flexibilidades previstas para las regiones ultraperiféricas, garantizando una adaptación de la normativa a la singularidad de la flota canaria. Asimismo, se ha acordado solicitar la exención o adaptación para la flota de bajura canaria, de los aspectos más lesivos del Reglamento. Se da traslado del acuerdo al Gobierno de Canarias, Gobierno de España, las Cortes Generales, a la Comisión Europea y las cofradías de pescadores de Canarias.
