El acuerdo entre la Unión Europea y el MERCOSUR, aprobado el pasado 6 de enero, afecta gravemente a la competitividad y supervivencia del sector en la Isla
El Pleno del Cabildo de Fuerteventura ha aprobado una declaración institucional en defensa del sector primario majorero ante el acuerdo comercial entre la Unión Europea y MERCOSUR, que afecta a su competitividad.
El acuerdo UE-MERCOSUR contempla la eliminación progresiva de un elevado número de barreras arancelarias y no arancelarias entre ambas regiones. Las organizaciones profesionales agrarias y los productores de Canarias han manifestado, de forma reiterada, su rechazo a las condiciones actuales del acuerdo, ya que sus efectos pueden resultar especialmente perjudiciales para las explotaciones insulares, comprometiendo el empleo rural y el mantenimiento de esta actividad.
Según ha explicado la presidenta, Lola García, “los cabildos insulares no podemos permanecer ajenos a esta situación y alzamos la voz en defensa de los intereses del campo majorero y canario ante las instituciones competentes”.
Las producciones ganaderas y agrícolas de los países que integran el MERCOSUR (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) suponen una competencia directa para las producciones europeas y Canarias. En el caso de Fuerteventura, expone la presidenta, “la situación es especialmente preocupante por la fragilidad del sector primario insular, así como las limitaciones derivadas de la insularidad y la condición de región ultraperiférica”.
A esto se le suma una normativa cada vez más exigente y el incremento de los costes de producción, que afecta a la viabilidad económica del sector, ante una situación que genera competencia desleal y pone en grave riesgo la continuidad del sector primario, según expone la declaración institucional.
Por este motivo, a través de esta declaración institucional, se insta a las instituciones competentes a establecer medidas compensatorias para las explotaciones agrarias y ganaderas de Canarias y, en particular, de Fuerteventura, derivada de la aplicación de este y otros acuerdos preferenciales. Se pide al Gobierno de España, además, que solicite a las instituciones europeas una evaluación específica del impacto del Acuerdo UE–MERCOSUR en las Regiones Ultraperiféricas, entre ellas Canarias, teniendo en cuenta sus singularidades estructurales y productivas.
