La presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, se ha dirigido, por escrito, al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, para que, de forma inmediata, se supervise el servicio que se viene prestando en el control aéreo del Aeropuerto de Fuerteventura.
La torre de control de Fuerteventura es una de las que en su momento privatizó el Gobierno de España, pese a la oposición de las administraciones locales, entre ellas el propio Cabildo de Fuerteventura, preocupadas por la posible degradación de la calidad del servicio.
Ahora la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) ha solicitado la suspensión cautelar de la acreditación de la empresa privada SAERCO, que es la concesionaria de la torre de Fuerteventura, y su sustitución por la empresa pública ENAIRE. Advierten de que la seguridad de las operaciones en los aeropuertos que gestiona SAERCO puede verse afectada por la degradación de las condiciones laborales derivada de sus problemas financieros, que han sido reconocidos por la propia empresa en sede judicial. En Canarias SAERCO tiene adjudicado el control del tráfico aéreo en los aeropuertos de La Palma, Lanzarote y Fuerteventura.
“En Fuerteventura, y estoy segura que en el resto de islas afectadas, seguimos con mucha preocupación estas noticias, porque nuestra economía y en general nuestra forma de vida, depende directamente del buen funcionamiento del aeropuerto, comenzando por su torre de control”, indicó la presidenta del Cabildo.
Por eso reclama Lola García “una revisión profunda de las condiciones en las que se desarrolla esta concesión para garantizar la seguridad, y hacer lo necesario para recuperar su funcionamiento como servicio básico y público. No sólo de forma transitoria, como plantea USCA, sino una recuperación definitiva. Exactamente en las mismas condiciones que el resto de aeropuertos españoles con torres de control no privatizadas”.
Recuerda Lola García que ya en su momento el Cabildo de Fuerteventura, igual que el resto de instituciones majoreras y canarias, mostró su desacuerdo con la privatización de estos servicios básicos.
